ES UNA APOLOGISTA DE LA DICTADURA MILITAR-CÍVICA

Cecilia Pando fue recibida por Lorenzetti, titular de la Corte Suprema

Este 7 de agosto fue un día contradictorio. Por un lado las Abuelas de
Plaza de Mayo presentaban al nieto número 106. Y por el otro la
apologista del terrorismo de Estado, Cecilia Pando, fue recibida por
la Corte Suprema.
EMILIO MARÍN

Las Abuelas y demás organismos de Derechos Humanos, con su búsqueda
incansable de los bebés robados por la dictadura, lograron restituir
la identidad a Pablo Javier Gaona Miranda. Es el nieto recuperado
número 106. Ese delito aberrante fue comprobado durante el juicio por
el “plan sistemático”, concluido en la primera semana de julio con
penas de hasta 50 años de cárcel para el ex dictador Jorge R. Videla y
condenas a ocho represores más.

Causó estupor la actitud del presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y de la vicepresidenta de
ese tribunal, Elena Highton, quienes ese mismo día abrieron sus
despachos a la apologista de la dictadura, Cecilia Pando.
En el Centro de Información Judicial, Agencia de Noticias del Poder
Judicial, hasta ayer no había información oficial de la reunión. Hay
que remitirse a la gacetilla difundida por Pando, firmada como
presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos
de Argentina (AFyAPPA).
Allí se puntualiza que concurrieron, además de la citada, “Inés
Martínez Segón, Vicepresidente de la Asociación y Marcela Cabanillas,
esposa de un preso político”. El marido de la primera está condenado
por la masacre de presos políticos en Margarita Belén (Chaco). La
segunda está casada con el general Cabanillas, condenado a perpetua
por los crímenes de “Automotores Orletti”.
La presidenta de AFyAPPA es una férrea defensora de la dictadura y las
tres Fuerzas Armadas, incluso de uno de los delitos que no protegían
las “leyes del perdón”: el robo de bebés. En un reportaje que le hizo
otro admirador del Proceso, Chiche Gelblung, éste la presentó como
defensora de los militares acusados incluso de la supresión de
identidad de los nacidos en cautiverio. Y la entrevistada asintió.
La activista castrense aprovechó la entrevista con la CSJN para
defender a los “presos políticos” (léase genocidas), presentados como
que fueron objeto de una “revancha” de los “terroristas de los ´70 hoy
en el gobierno”. Como Videla, entiende que los tribunales que los
vienen juzgando serían “inconstitucionales”, ya que deberían haber
entendido los tribunales militares. Es una coincidencia total con los
generales Videla y Luciano B. Menéndez, quien ya acumula seis
perpetuas emitidas por tribunales “ilegales”. Pando se copia de sus
amigos en que la ley penal se ha aplicado en forma retroactiva, como
si no se tratara de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles.

Visión genocida
El comunicado de AFyAPPA explicó que la reunión fue para “denunciar el
trato inhumano que reciben en las cárceles los detenidos por presuntos
delitos de lesa humanidad”. Subrayó que “se dieron a conocer los 165
muertos en cautiverio por abandono de persona y falta de atención
médica en los penales. Se habló de los traslados a otros
establecimientos sin autorización de los  jueces, las torturas
psicológicas a las que son sometidos en algunos penales”.
Estas afirmaciones son de una falsedad flagrante.
En primer lugar, porque los represores hicieron desaparecer a 30.000
personas y robaron centenares de bebés nacidos en los centros
clandestinos de exterminio, y han tenido décadas de impunidad. Ese
lapso duró los siete años de dictadura y varios más en democracia, en
particular entre 1986-1987 y agosto de 2003 cuando fueron anulados el
“Punto Final” y la “Obediencia Debida”. Ni son “presos políticos” y no
fueron castigados en su momento.
En segundo término, cuando -luego de tantas idas y venidas- la
justicia instruyó las causas y las elevó a juicio, esos represores
demoraron muchos años más. Lo hicieron con apelaciones, recursos y
muchos amigos en la Justicia, que facilitaron esas maniobras, como
Alfredo Bisordi, titular de Casación Penal que cajoneó años la causa
ESMA, devenido luego en defensor del torturador Luis A. Patti. Otro,
el fiscal de Casación Juan M. Romero Victorica, que ayudó al
apropiador de Victoria Montenegro.
En tercera instancia, los represores tuvieron todas las garantías de
la defensa en juicio que negaron a sus víctimas. Estas fueron
torturadas y asesinadas, arrojados vivos al mar desde aviones,
fusiladas con pantomimas de “enfrentamientos armados”, sus cadáveres
desaparecidos, etc.
En cuarto lugar, la mayoría de los represores estuvo en arresto
domiciliario o en unidades castrenses mientras esperaban el juicio.
Las debilidades de la justicia explican que Videla fuera trasladado
hace poco a una cárcel común. Antes estuvo en su piso de Avenida
Libertador y luego en la guarnición de Campo de Mayo, con cómodas
condiciones de detención como se aprecia en el libro “Disposición
Final” de Ceferino Reato.
La apologista de Videla trastoca la historia. No es que “165 militares
murieron en cautiverio por abandono de persona”. La mayor parte
falleció en su casa y otra en cómodas prisiones, sin ser alcanzados
por condenas por el enorme retraso. Si los militares no hubieran
promovido en 1987 el levantamiento “carapintada” para lograr una
“solución política” (léase impunidad), esos 165 procesados habrían
tenido juicio hace 25 años. Habrían vivido para recibir una digna
condena; con la demora autoprovocada, murieron “inocentes”, igual que
Augusto Pinochet.

A degüello
La defensora de Videla salió feliz de la reunión. “Tanto el Presidente
de la Corte como su Vicepresidente se mostraron sorprendidos con
nuestro relato que fue acompañado con fotos sobre las aberraciones y
verdaderos tormentos que sufrieron algunos de los enfermos que
murieron en cautiverio”, reseñó.
Si esas denuncias tuvieran 1 por ciento de veracidad, deberían sentar
a Argentina en el banquillo de la Corte Penal Internacional en La
Haya. Como son falsas, el país seguirá gozando de reconocimiento por
su política de derechos humanos.
Al conocerse de la reunión en la Corte Suprema se disparó una polémica
en las redes sociales. Los que defienden la razonabilidad de la
entrevista opinaron que es obligación de la CSJN de “recibir a todos”,
como si la democracia no tuviera que poner ciertos límites a los
enemigos de ésta. Este cronista cree que fue un error de Lorenzetti el
conceder tal reunión.
Como quedó dicho, Pando es una apologista de la dictadura, la peor de
toda la historia argentina; ha defendido sus peores delitos como el
robo de bebés. No se trata de cualquier derecha: esta se ubica por
fuera del espectro democrático. Mauricio Macri, por ejemplo, es un
político de derecha, pero por ahora no saca los pies del plato de la
democracia. Entonces es lógico que la justicia electoral le reconozca
personería al PRO y la gente pueda votarlo como jefe de gobierno.
En cambio Alejandro Biondini,  neonazi confeso, vio negada la
personería electoral para el Partido Nuevo Triunfo. Y la Corte Suprema
convalidó esa negativa con un fallo propio en marzo de 2009.
Salvando las distancias, esos ejemplos muestran que la democracia
tiene que marcar ciertos límites políticos, legales y éticos. En
consecuencia, no debió el alto tribunal “legalizar” a la banda de la
defensora del genocidio, que por ese mismo postulado ya había tenido
problemas legales.
Pando apoyó en 2005 al obispo castrense Antonio Baseotto, quien había
amenazado al ministro de Salud, Ginés González García, con arrojarlo
al mar atado a una piedra. En enero de 2007 la mujer pidió “que todos
los terroristas que están en el gobierno tengan su condena”,
refiriéndose a Kunkel, Taiana, Obeid, etc. En julio de ese año fue a
apoyar al cura genocida Christian von Wernich, en el juicio de La
Plata, y declaró que “todo esto es un circo romano armado por el
Gobierno”. En mayo de 2008 concurrió a Córdoba a dar aliento a
Menéndez, que recibiría su primera perpetua en la causa “Brandalisis”.
En agosto de ese año insultó a los camaristas que habían condenado a
cuatro represores en Corrientes por los crímenes en el Regimiento IX.
Y allí mismo amenazó de muerte, “a degüello” al secretario de DD HH,
Eduardo L. Duhalde. Organismos de derechos humanos de Córdoba le
promovieron una denuncia “por los delitos de amenazas, intimidación
pública e incitación a la violencia”.
En marzo de 2010 la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal revocó
el sobreseimiento de la defensora de la dictadura en una causa donde
había sido denunciada por “apología del delito” por Carlos Pisoni,
Director de DD HH de la Legislatura porteña. Un año más tarde esa
misma Sala confirmó su fallo, adverso a Pando (Centro de Información
Judicial (CIJ, 16.03.2011).
Se trata de enemigos de la democracia, que no se han cansado de
ofender a Madres y Abuelas, y a las 30.000 víctimas. Han descalificado
al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero
también y muy especialmente a la Justicia. Créase o no, fueron
recibidos y “legalizados” por la Corte Suprema, la misma que –según
registros del CIJ- aún no recibió a los familiares de Mariano
Ferreyra.


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Sergio Ortiz
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