(Agencia
Paco Urondo)
Sábado 15
de Diciembre de 2012 06:02
El fallo
del caso Marita Verón recalentó el debate público sobre el rol del poder
judicial. Antes, se había cuestionado su permeabilidad ante una corporación
económica en la causa que involucra al Grupo Clarín. En este dossier,
Pablo Parenti, Leticia Barrera, Alberto Bovino, Carlos Zaidman y Joaquín Túnez
describen de qué se habla cuando se exige “democratizar la justicia”.
Por Enrique
de la Calle I El fallo
de un tribunal tucumano sobre la causa que investigó el secuestro de Marita
Verón generó el repudio generalizado de la sociedad. Los jueces Alberto
Piedrabuena, Emilio Herrera y Eduardo Romero decidieron la absolución de 13 personas.
Durante semanas un centenar de testigos pasó por los estrados. Muchas chicas
obligadas a prostituirse contaron que vieron a Marita y señalaron a los
acusados. Los magistrados no les creyeron. La madre de la joven, Susana
Trimarco, habló de coimas y pidió “terminar con la corrupción de los jueces”.
Al otro
día, todos los medios (provinciales y nacionales) se refirieron al caso, que
nombraron como “escandaloso”. Hubieron marchas en diferentes puntos del país:
en Capital una terminó con incidentes frente a la Casa de Tucumán; otra fue
hasta Tribunales. Más temprano la presidenta de la Nación, Cristina Fernández,
repudió el fallo y pidió por “la democratización de la justicia”. Los medios
opositores, que hasta el día anterior defendían a ese poder como el bastión
principal de la República, ahora hicieron silencio.






