La reciente expropiación de la mayoría
accionaria de YPF constituye solo un paso diferente dentro de la política
energética que se venía aplicando en el país. Pero ese paso, tomado por la
imperiosa necesidad de paliar la situación del abastecimiento de hidrocarburos
y del déficit de la balanza comercial del sector energético, abriría una gran
oportunidad si se afianzara un cambio persistente de rumbo en la dirección de
lograr una genuina soberanía energética.
Si para partidos y grupos políticos y una
mayoría de los ciudadanos que han apoyado la medida, quizás la motivación
principal de su aprobación haya sido el sentimiento de pertenencia y orgullo
que inspira todavía la historia de la YPF estatal, a muchos también los
alienta, con reservas, la convicción de que el Gobierno nacional ha comprendido
la gravedad de la situación y modificará de raíz la orientación de su política
energética. Eso parece señalar la letra de la Ley 26741, que declara de interés
público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y el desarrollo de
todas las etapas de su transformación y aprovechamiento.
El MORENO ha venido señalando durante años
que las políticas del gobierno y el desempeño de prácticamente todas las
empresas del sector hidrocarburífero nos conducirían a una situación crítica.
Aquí estamos: por ahora solo se ha tomado el control de YPF S.A., puesto en
marcha la renovación de sus cuerpos directivos y comenzado gestiones con
otras megaempresas que extraen en el país, para impulsar mayor producción y exploración
de hidrocarburos. No es poco en poco tiempo. ¿Estamos entonces a las puertas de
una “nueva energía” en Argentina? No, si el gobierno no asume decididamente un
control efectivo del sector energético, lo reestructura integralmente,
consolida un marco legal claro, y modifica orientaciones y métodos en las
relaciones con las empresas privadas.
En otras palabras, deben terminarse las
prácticas neoliberales, anulando las concesiones que permiten que las empresas
gocen ilegalmente de libre disponibilidad de los hidrocarburos y de la
renta que genera su exportación. Los
decretos N°1055,1212 y 1589 del año 1989 que concedieron esas ventajas, violan
en diversos aspectos el espíritu de la Ley de Hidrocarburos (Ley 17319); aunque
en los últimos años se han adoptado normas que limitan sus efectos, no anulan
su vigencia. La experiencia mundial indica que casi en ningún país,
especialmente en aquellos en los cuales las reservas de hidrocarburos están en
poder de los Estados y tienen una empresa estatal con fuerte presencia en el
sector, se otorgan concesiones. En casi todos los casos es el Estado nacional,
el que decide sobre las grandes líneas en los ritmos de explotación y el
destino del hidrocarburo.
En nuestro país se impone a partir de hoy
realizar auditorías serias sobre el desempeño de las empresas concesionarias y
sobre el estado real de las reservas hidrocarburíferas, anulando los contratos
en cuyo cumplimiento se hayan cometido violaciones significativas, como las
prórrogas anticipadas y la acumulación de áreas, por ejemplo. Particularmente,
habrá que anular las concesiones de exploración y explotación off-shore
otorgadas por ENARSA -sin control legítimo alguno- a través de uniones
transitorias con diversas empresas, con contratos cuyas características y
resultados no se han hecho públicos. Las áreas liberadas quedarán bajo
administración estatal y, ante la necesidad de sostener y aumentar rápidamente
la extracción de gas y petróleo, se deberán reactivar las áreas recuperadas y
adjudicar otras nuevas. Se transformarán las actuales concesiones de
explotación de la Ley N° 17319 en contratos de participación, en los que el
socio privado corre los riesgos en la exploración, o en contratos de prestación
de obras y servicios, aún con la YPF S.A., la que revisará regularmente su
cumplimiento y administrará los hidrocarburos extraídos. A este respecto, no
resulta tranquilizador que el artículo 17 -en el capítulo titulado “De la
Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina” de la ley 26741- señale
que YPF S.A. “acudirá (…) a todo tipo de acuerdos con otras empresas,
públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras” (el subrayado es
nuestro).
Para encarar y sostener un cambio como el
propuesto en el rumbo y métodos de la gestión frente a los intereses económicos
de los sectores privados, se requiere contar con el apoyo amplio de los
ciudadanos y avanzar en la consolidación de un marco legal claro y estable. El
Estado nacional, con la colaboración de todas las provincias, debe actuar con
transparencia y coherencia. Para garantizarlo sería conveniente que, en el
ámbito del Congreso Nacional, se constituyera una comisión de seguimiento del
proceso de transformación del sector, que dé visibilidad a lo actuado. La
exclusión en la ley de la intervención de la Auditoría General de la Nación
muestra que se persiste en el argumento de que los controles afectan
negativamente el accionar empresario, hecho que la experiencia mundial
desmiente.
Aunque el poder político estatal tenga
legitimidad -si cuenta con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas y del
conjunto del país- no se podrá ejercer una gestión sólida del sector
hidrocarburífero sin una conducción técnica altamente capacitada y comprometida
con los objetivos políticos. Ese es el papel que le corresponde a una empresa
estatal. No es una empresa más, ni sólo la más grande. Es una Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, Sociedad del Estado (YPF S.E.) de propiedad exclusiva
del Estado nacional y de todas las provincias, y sometida a los controles que
corresponden a toda empresa estatal (similares técnicamente a los aplicados en
las sociedades privadas) la que debe conducir el reordenamiento del
“upstream”, el sector de exploración y explotación del petróleo y el gas. Y
para eso debe contar con una gran capacidad profesional propia -tal como
la tuvo en el pasado- y con el aporte de los organismos científicos y técnicos
estatales. Hacia esa YPF S.E. deberían apuntar rápidamente los próximos
pasos de la nueva conducción de YPF S.A., para avanzar hacia la “Soberanía
Hidrocarburífera” que la Ley 26741 proclama buscar. Lamentablemente, en su
artículo 15 la ley reafirma la condición de sociedad anónima de la empresa.
Es innegable que en nuestro país el
abastecimiento de hidrocarburos es determinante en la disponibilidad de
energía, y si bien la actual YPF S.A. sólo representa un 30% de la extracción
de petróleo y una proporción aun menor en gas, su peso en el sector refinación,
y en la producción y comercialización de derivados del petróleo y el gas, hace
que la intervención de la empresa, y su posterior reestructuración,
impacte en toda la industria energética. Por eso además de imperioso es
oportuno que, a la par que se avance con la YPF estatal aumentando la
extracción de gas y petróleo, se adopten medidas para reformular el
funcionamiento del resto del sector energético.
En el corto y mediano plazo los problemas
principales del sector energético que nos aquejan son conocidos: el déficit en
la capacidad de refinación, la comercialización de los combustibles líquidos
-que ha llevado a una situación crítica a trabajadores y empresas de estaciones
de servicio y a la anarquía en los precios al consumidor en el ámbito de todo
el país- la comercialización de la garrafa de gas licuado de petróleo, la
estructura de los mercados mayoristas y las tarifas del gas y la energía
eléctrica, la expansión y el mantenimiento de las redes de distribución.
Para encarar el futuro mediato y de largo
plazo sería un buen paso constituir un organismo consultivo federal amplio -con
participación de todas las provincias, los trabajadores y los usuarios- y
jerarquizar, técnica y administrativamente, la Secretaría de Energía.
Si pretendemos “…garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo
y sustentable de las provincias y regiones…” (art 1 de la ley) debemos alcanzar
una verdadera “soberanía energética”, que haga posible la vigencia del derecho
de todos los argentinos a acceder a la energía en cantidad y calidad
suficientes para gozar de una vida plena, y el desarrollo del sector
energético respetando el medio ambiente y favoreciendo el uso creciente de las
fuentes renovables y no convencionales,
Sólo la acción predominante y decidida del
Estado nos puede poner en ese camino. Los gobiernos actuales nos deben
demostrar que son capaces de desarrollar una “nueva energía”. A quienes
luchamos por la recuperación de los recursos naturales en beneficio del pueblo,
nos corresponde desarrollar al máximo nuestra energía para peticionar,
exigir y contribuir al cumplimiento de esa meta.
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012
HUGO
PALAMIDESSI
GUSTAVO
CALLEJA
JOSE RIGANE
Vicepresidente
Vicepresidente
Presidente
(011)155
139
6800
(0221) 154 284 815 (0223)
155 331 970
Gentileza
de Jorge A. Allievi
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