Córdoba.
La muerte de un empresario y los vínculos con el poder
Por Lázaro Llorens
El
gobernador De la Sota quiere silenciar como sea el hecho. Se trata del brutal
asesinato de Marcelo Fabián Arias, ingeniero mendocino vinculado a las
consultoras Newen y Amulen, propiedad del empresario gasífero Roberto Daniel
Martín, ex funcionario de Schiaretti.
Se trata de un caso muy grave. Tan grave que en los
lúgubres pasillos del diario La Voz del Interior –Grupo Clarín– se dice que el
propio José Manuel De la Sota, en persona, le pidió a Carlos Jornet, director
de diario, que el alevoso homicidio que estaban cubriendo sus periodistas lo
hiciese pasar como un simple suicidio. Una absurda proposición que Jornet
rechazó pero que luego mutó por un compromiso del diario de sacar el tema, de
inocultables connotaciones políticas, únicamente en la sección de policiales.
El hecho
en cuestión, que el gobernador De la Sota quiere silenciar como sea, y que
tiene muchas similitudes con el célebre caso Maders, es el enigmático asesinato
de Marcelo Fabián Arias. Un ingeniero mendocino vinculado a las consultoras
Newen S.A. y Amulen S.A., propiedad del empresario gasífero Roberto Daniel
Martín, ex funcionario de Juan Schiaretti, actual candidato a diputado del PJ
cordobés.
En lo que parece ser todo un mensaje, en plenas PASO, el cuerpo brutalmente golpeado del ingeniero Arias apareció flotando en el Río Suquía, a plena luz del día, a metros del despacho del gobernador, casi debajo del nuevo puente “Bicentenario” construido por Schiaretti. Una perforación en la frente efectuada con un elemento metálico, dos codos quebrados, varios golpes en el tórax, labios destrozados,varias fracturas, trompadas en el rostro, fueron las evidencias más palpables de la brutal paliza que recibió Arias antes de ser tirado con vida al río donde murió ahogado, según detallaron los médicos forenses.
La millonaria licitación de 2 mil millones de pesos que desde el 2009 el gobierno provincial está intentando llevar adelante para construir en el interior provincial unos 1.600 kilómetros de gasoductos, mediante las empresas Andrade Gutiérrez (Brasil); Iecsa (Macri) y la cordobesa Britos S.A., fue una de las principales hipótesis que comenzó a barajarse dentro y fuera de la fiscalía, en relación a este asesinato. Así lo reconoció ante Veintitrés Mauricio Cardello, abogado de la familia Arias, quien también remarcó que hasta el cierre de esta nota no había habido avances significativos en la causa. “Evidentemente que la investigación marca algunos lineamientos entre ellos a que con anterioridad a estos hechos hubo una denuncia por el legislador (Ricardo) Fonseca donde habría estado relacionado el tema del manejo de la compañía Newen S.A., no particularmente en las licitaciones, sino con respecto a un manejo o adjudicación en algunas obras donde habría estado relacionado”, dijo Cardello desde Mendoza.
¿Otro asesinato? Al respecto, en línea con la hipótesis
“gasoductos”, una investigación de Veintitrés develó dos novedosos datos sobre
este horrendo crimen. El primero, y quizás el más espeluznante, es que
exactamente el mismo día que en la ciudad de Córdoba desapareció el ingeniero
Arias, en Buenos Aires, en lo que luego fue todo un suceso mediático,
desapareció otra persona relacionada indirectamente con esta licitación.
Se trató de Susana Leiva, una empleada domestica
que al igual que Arias desapareció el viernes 19 de julio pasado,cuando iba
hacia Recoleta, donde trabaja como empleada doméstica, y que cinco días
después, 24 de julio, apareció brutalmente asesinada (apuñalada y asfixiada) en
el pozo ciego de su casa, en el barrio de Temperley, exactamente el mismo día
en que Córdoba se conoció que el nombre del cuerpo hallado en él río Suquía, a
metros de la Casa de Gobierno era el de Arias.
¿Y dónde
está la relación? Susana Leiva, de 38 años de edad, trabajaba como empleada
doméstica de María del Carmen Poplawski, ex directora de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF), organismo a cargo del diseño financiero de
la licitación de los gasoductos, y ex secretaria general de la Gobernación de
De la Sota. A su vez, Poplawski, que actualmente realizó algunos trabajos
para el gobierno de Mauricio Macri, es hermana de Roberto Poplawski, actual
vicepresidente de Britos S.A., una de las tres empresas que se adjudicó las
millonarias obras de los gasoductos.
“Necesito me ayuden, estoy buscando a Susana Leiva, salió de su casa en Temperley el 19-07 a las 8 para venir hasta mi casa en Capital y nunca llegó. Con la familia hicimos las denuncias y no tenemos respuesta. Necesitamos difundan esta noticia para que la policía nos ayude a buscarla. Envié correos a los correos de TN con una foto y más datos. Desde ya gracias. María Poplawski”, posteó desesperadamente María Poplawski en su cuenta de Facebook, el 21 de julio a la 10.22, mientras Susana Leiva no aparecía.
¿Negociados? A esta llamativa coincidencia de asesinatos que
rodean el caso Arias, y que increíblemente la gran prensa de Córdoba no se
percató, se le añade los estrechos vínculos que existieron y existen entre las
empresas a cargo de las obras de los gasoductos y algunos conocidos
ex-funcionarios delasotista. Por diversas fuentes, se pudo constatar que los
verdaderos dueños de Britos S. A., una histórica constructora cordobesa que en
los últimos tiempos ejecutó millonarios contratos de obra pública, es el
controvertido operador delasotista Horacio Miró. “Miró es el verdadero dueño de
esta empresa. No hay otro jefe. Él tiene un auto disponible para cuando llega
para recorrer las obras” señalaron, fuera de micrófono, desde dentro de la
constructora que hasta el 2009 era controlada por la familia Britos.
Para
quienes no lo recuerdan, Miró, amigo íntimo de María Poplawski, fue el
encargado de conseguir en los organismos multilaterales de crédito, cuantiosos
préstamos, para llevar la reforma del Estado (léase privatizar y tercerizar).
Por ello, en el 2000, este operador delasotista fue secretario del Ocpif
(Organismo de Coordinación, Planificación de la Inversión y el Financiamiento),
un organismo que manejó millones de dólares en créditos externos provenientes
entre otros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Ocpif existió
hasta octubre del 2002 cuando, luego de algunas denuncias ante la justicia,
Miró desapreció de escena y este organismo fue suplantado por la ACIF cuya
primera titular fue… ¡María Poplawski!
Además, actualmente, Miró y Roberto Poplawski, vicepresidente de Britos S.A. y hermano de Carmen, son socios en varias firmas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Algunas de ellas son: Pilcher S.A. (Miró director y Poplawski director suplente);Anfirmar S.A. (Miróvicepresidente y Poplawskisíndico titular) yPaquitex S.A. (Miró presidente y síndico titular Poplawski).
Incluso, de manera desembozada, Miró, Poplawski, y algunos otros integrantes de estas sociedades, hicieron aportes de dinero en efectivo para la campaña de diputados del 2009, en la lista del PJ cordobés. Estos aportes fueron investigados por el Juez Federal Enrique Senestrari, quien hace un mes atrás solicitó sanciones para el PJ por financiarse violando ley electoral. Concretamente, para en lacampaña del 2009, Miró aportó 70 mil pesos en efectivo;Poplawski 20 mil;Pablo Dobler, director suplente de Britos S.A. 70 mil; y Julio Simón, síndico deAnfirmar S.A. 70 mil.
Más evidencias. Estas inocultables relaciones del PJ con Britos
S.A., se añade que el desembarco del delasotismo en la constructora cordobesa
se consumó a mediados del 2008, en el mismo momento en que Schiaretti y Roberto
Martín avanzaban a todo trapo con la licitación de los gasoductos, una obra que
será financiada mediante un crédito del Banco de Desarrollo de Brasil (Bndes).
Específicamente,
el 5 de mayo del 2008, Britos Hermanos SRL, a cargo de Mauro Britos, informó en
el boletín oficial de la provincia su transformación de sociedad de
responsabilidad limitada (S.R.L.) a sociedad anónima (S.A.). Ese mismo día
ingresó a la firma, como director, Luis Gustavo Del Bene, ex síndico del Banco
Córdoba, designado por decreto por De la Sota y Schiaretti, en el 2001, cuando
ambos intentaron venderloal Banco General de Negocio (BGN) de los hermanos
Rhom.
Paralelamente, ese año, mediante el decreto N° 2332/08, el por entonces gobernador Schiaretti, designó a Roberto Martín, como Secretario de Transporte y Servicios Públicos, en el áreas gasoductos.Por ese entonces, Martín, junto con Arias, mediantes sus consultoras Newen S.A. y Amulen S.A., venía asesorando a unos 10 municipio del interior provincial en el tema gasífero.
Por eso, ese año, para tapar esa abierta incompatibilidad de cargos, Martín designó al ingeniero Arias como presidente de Newen S.A. A la vez que desplazó del directorio de Amulen S.A., a su esposa Liliana Beatriz Ferro ya su hijo Roberto Emiliano Martín, remplazándolos por Héctor Herrera y Paula Arias, esta última hermana de Marcelo Arias.
A la velocidad de un rayo, luego de esa depuración, el 6 de marzo del 2009, Martín fue designado representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para integrar la “Comisión de Apertura de la Ofertas” que debía evaluar la adjudicación de las obras de los millonarios gasoductos cuyo diseño financiero y legal estaba a cargo de la ACIF. La tarea de Martín, que trabajaba de los dos lados del mostrador, fue expeditiva y fugaz dado que en agosto del 2009, la legislatura provincial, controlada por el oficialismo, en medio de un escándalo, aprobó la contratación para estas obrasde la UTE Andrade Gutiérrez, Iecsa, y la delasotisa Britos.
En ese momento, al momento en que se trataba el proyecto de los gasoductos, casi todas las bancadas opositoras abandonaron el recinto, en repudio a las irregularidades que este tenía, y que entre otras cosas mostraba un sobreprecio del 41% respecto al presupuesto oficial, sin mayores explicaciones. “El problema fue el tratamiento que se le dio a esta obra pública, de tamaña envergadura. Un día antes de aprobar el proyecto, nos dijeron que estaban a disposición 60 carpetas con toda la documentación de la licitación. Y, en todo el proceso, hubo una gran diferencia en los montos que saldría la obra. Primero se habló de 510 millones de pesos, luego de 970 y, finalmente, se adjudicó por 1.370. Nada de esto se pudo analizar”, dijo, por ese entonces, lalegisladora del Frente Cívico y Social Adela Coria.
Aun así, por su buen desempeño, en el 2010, Roberto Martín, fue premiado por Schiaretti y ascendido a secretario de Planeamiento y Desarrollo Energético e Infraestructura, mientras que su hijo, Roberto Emiliano Martín, ex director de Amulen S. A. fue nombrado asesor de gabinete.También ese año, y como una manera de asegurarse el controlar vertical de toda la obra de los gasoductos,hizo su ingreso a Britos S.A.,Roberto Poplawski, como vicepresidente de la compañía;cargo que hasta el día hoy ejerce.
Si bien, de allí en más todo parecía encaminado, de pronto la cosa se empastó. En el marco de la disputa entre el kirchnerismo y De la Sota, el proyecto de los gasoductos quedó frenado en el Banco de La Nación y el Ministerio de Economía de la Nación. Según el gobernador De la Sota por culpa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quiere perjudicar a Córdoba. Según los opositores como el juececita Juan Pablo Quinteros, vocal del Ersep, porque en realidad el crédito del Bndes debía tener como garantía la coparticipación federal de impuestos de Córdoba, algo que no se puede garantizar debido al sobreendeudamiento que presenta las finanzas cordobesas.
A lo anterior se le añadió una denuncia penal, efectuada por el legislador juecista Ricardo Fonseca, el 11 de marzo del 2012, contra el ex gobernador Schiaretti, el ministro de Obras y Servicios Públicos Atilio Testa, y Martín, jefe de Arias, a quien acusó de los delitos de “violación a los deberes de funcionario público”, “defraudación calificada por administración fraudulenta” y “asociación ilícita”. La misma ponía en evidencia que, a pesar de estar paradas las obras, Newen S.A de Martín y Arias, seguía cobrándole a una decena de municipio por sus trabajos de asesoramientos en materia de gas.
Rápido de reflejos, sabiendo que el tema de las consultoras es la punta del ovillo, tras la denuncia, quince días después (26 de marzo del 2012) De la Sota firmó los decretos 192 y 193. Mediante ellos, como una forma de despegar a la empresa delasotista, el gobernador autorizó a Britos S. A. de Poplawski y Miro a traspasar el 3% del paquete accionario que tenía en la obra de los gasoductosa sus socias Andrade Gutiérrez y Iecsa. Tras ello, en abril del 2012, Quinteros, vocal del Ersep, informóque aunque la obra seguía parada, por una “reactualización en los costos de materiales”la mentada obra de gas de Schiaretti y Martín se había encarecido en 77 millones de dólares.
A estos cuestionamientos, de lo que supuestamente iba a ser la obra más emblemática de la gestión del candidato a diputado Schiaretti, se sumó la UCR, que en abril 2013 denunció que por la ajustes al contrato las obras, que estaban y están paralizada, había trepado a los 2 mil millones de pesos, y que en la misma habría habido millonarios “desvíos de fondos”.
Poco tiempo después Arias, socio de Martín, apareció flotando frente a la Casa de las Tejas, el mismo día en Susana Leiva, empleada de Carmen Poplawski, hermana del vicepresidente de Britos S.A., era brutalmente asesinada y ocultada en el pozo ciego de su casa.
Revista VEINTITRES
21.08.2013
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