Recuperadas contra
las cuerdas
Emplean a más de 15 mil personas y enfrentan
aumentos que llegan al 800 por ciento en un contexto de caída de ventas y
encarecimiento del crédito. El ministro Aranguren no da respuestas.
Las empresas
recuperadas, que emplean a más de 15 mil personas, se enfrentan a incrementos
tarifarios que llegan hasta el 800 por ciento, lo que pone en duda su
continuidad. Página/12 accedió a datos actualizados del sector y presenta casos
concretos de cooperativas que sufren el tarifazo en un contexto de caída de las
ventas, encarecimiento del crédito y de otros insumos y aumento de las
importaciones. Muchas presentaron recursos de amparo para frenar el tarifazo y
piden ser reconocidas para la tarifa social, aunque el Gobierno se niega. Hasta
ahora, el gesto del macrismo luego de que prácticamente fuera tomada la
Secretaría de Energía por el movimiento de recuperadas fue permitir que las
empresas anotadas en un registro nacional específico paguen el 50 por ciento de
la boleta mientras la cartera de Juan José Aranguren se toma 90 días para
evaluar la situación.
Según el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, que funciona
dentro del programa Facultad Abierta, en Filosofía y Letras de la UBA, hay 362
empresas recuperadas en el país, que ocupan 15.321 trabajadores. El último
informe está actualizado hasta el mes pasado y todavía no fue publicado. El
anterior registraba datos hasta diciembre de 2013, momento desde el cual se
recuperaron un total de 41 empresas autogestionadas por trabajadores. Del total
de empresas y de trabajadores, poco más de la mitad se ubica en el Gran Buenos
Aires (114) y en la Ciudad de Buenos Aires (71).
La mayoría de las empresas se dedican al rubro metalúrgico (70), seguido
por alimentación (49), gráficas (38), textiles (28), gastronomía (25),
industria de la carne (25) y construcción (18), seguidas por salud,
madera/aserradero, educación, químicas, medios de comunicación, transporte,
industria del cuero, vidrio, comercio, combustible, hotelería, entre otros.
“En estos meses del gobierno de Mauricio Macri los impactos más
evidentes sobre el sector están relacionados con el aumento generalizado de los
insumos, el descenso abrupto del consumo, la apertura de importaciones, la
devaluación que encareció insumos importados y arrastró a los nacionales y,
principalmente, los enormes aumentos tarifarios, especialmente en electricidad
y gas”, explicó a Página/12 Andrés Ruggeri, director del programa Facultad
Abierta, del que depende el Centro de Documentación. El especialista agrega que
“el mayor impacto, que provocó la reacción de los trabajadores, es el aumento
tarifario”.
Varios ejemplos relevados por el informe refuerzan esa descripción. En
la Ciudad de Buenos Aires, a la recuperada gráfica Chilavert le subió la tarifa
eléctrica de 3 mil a 15 mil pesos entre una factura y otra, un incremento del
400 por ciento, mientras que al restaurant Alé Alé, de 7500 a 22 mil pesos (193
por ciento). La tarifa para el Hotel Bauen subió de 24 mil a 100 mil pesos (317
por ciento) y a la pizzería La Casona, de 8 mil a 42 mil pesos (425 por
ciento).
En la provincia de Buenos Aires, la metalúrgica 19 de diciembre pasó de
6 mil a 24 mil pesos (300 por ciento), la gráfica Madygraf de Pilar, de 38 mil
a 230 mil pesos (500 por ciento); el frigorífico Subpga, de 100 mil a 850 mil
pesos (750 por ciento) y en Neuquén la fábrica de cerámicas Fasinpat pasó de
360 mil pesos a 1.600.000 pesos en concepto de electricidad (344 por ciento).
En Tandil, a la metalúrgica Ronicevi, que cuenta con 42 asociados que
recuperaron la empresa hace cuatro años, la factura de luz les subió de 32.565
pesos en diciembre a 62.166 pesos en abril.
Otro caso es el de la gráfica Idelgraff, ubicada en Munro, recuperada en
2008 y conformada como cooperativa en 2009. Los 12 operarios gráficos
mantuvieron abierta la imprenta pero el tarifazo puso el jaque las cuentas: la
boleta de Edenor pasó de 1998 pesos el 15 de enero a 3061 el 16 de febrero y
luego a 8794 pesos el 15 de abril (ver foto), en un contexto de fuerte caída de
las ventas.
Gisela Bustos es abogada de empresas recuperadas y presentó dos amparos
colectivos de seis empresas de San Martín y siete de la Ciudad de Buenos Aires.
“También hicimos presentaciones en el Ministerio de Energía y estamos haciendo
circular un petitorio. La situación es gravísima. En algunos casos tenemos
subas del 900 por ciento. Mientras la Justicia se demora, las empresas pueden
llegar a cerrar. La solución de fondo es que las empresas recuperadas tengan
acceso a una tarifa social. Es lo que corresponde. Se trata de entidades sin
fines de lucro, que además cumplen funciones como ser bibliotecas y
bachilleratos populares. La tarifa social exige que la persona no tenga
ingresos superiores a los 12 mil pesos y esa es exactamente nuestra situación,
porque ningún trabajador retira mensualmente, ni cerca, esa cifra. Lo que
corresponde es la tarifa social, pero el Gobierno nos pone peros y trabas”,
explicó Bustos a Página/12.
“Para el sector de empresas recuperadas, la contracción del mercado
junto al aumento de tarifas y un notable cambio de relación con el Estado ha
derivado en un fuerte cuello de botella que impide el crecimiento y complica su
lugar dentro del mercado como opción al capitalismo y al sector productivo cartelizado”,
indicó a este diario Santiago Luis Hernández, vicepresidente del Instituto de
Promoción de la Economía Solidaria (IPES) de la provincia de Buenos Aires.
La situación es muy comprometida tanto para las recuperadas de tamaño
mediano que ya están estabilizadas en el mercado como para las micropymes. Una
de las empresas más importantes del sector, la fábrica de tractores Pauny,
ubicada en Las Varillas, Córdoba, pasó de recibir una factura de luz de 820 mil
pesos a 1.800.000 pesos, con una incidencia en el precio final del 9 por
ciento. “Además, por la devaluación subió el hierro y la chapa no podemos
trasladar eso a los precios porque nos quedamos afuera del mercado. El
resultado es que perdemos rentabilidad y no podemos invertir, porque el canal
del crédito, con las tasas actuales, está vedado”, indicaron desde la empresa,
que tiene 650 trabajadores.
Antonia forma parte de la Cooperativa 10 de Noviembre, ubicada en Lomas
del Mirador, La Matanza. Es una hilandería recuperada por sus trabajadoras en
2007, cuando la empresa, a pesar de tener mucho trabajo, cerró por un problema
entre los socios. “Trabajamos a fasón, el cliente pone la materia prima y
nosotros la mano de obra. Pagábamos 7500 pesos de luz, en marzo nos vino 15
mil, después 35 mil, 37 mil y la última fue de 45 mil pesos, con el mismo
consumo, incluso un poco menos. Veníamos bien, en el último tiempo tomamos dos
pibes pero esto nos mató, no podemos incorporar a nadie porque todo se lo lleva
la luz. Somos 18 familias y si seguimos así vamos a tener que dejar gente
afuera”. Antonia y las demás asociadas venían retirando 1600 pesos por semana
pero luego del tarifazo bajaron sus ingresos a 1400 pesos por semana, a pesar
de la inflación.
Cueroflex está formada por 80 trabajadores que trabajan con cuero
reciclado. Las ventas a los zapateros y a los fabricantes de cinturones les
bajó entre un 30 y un 40 por ciento. En ese contexto, pasaron de pagar 59.452
pesos el 4 de febrero a 321.757 el 5 de mayo, un 441 por ciento (ver foto). “Si
nosotros pudiéramos trasladar los costos a los precios la situación sería
manejable. Pero no hay forma de hacer eso en este contexto de caída de las
ventas. Nos bajó el trabajo y automáticamente nos baja el sueldo. Si esto sigue
así terminamos todos en la calle. Pagamos la luz entre todos y no le podemos
dar un mango más a la gente”, contó Jorge a este diario. La fábrica está
ubicada en San Martín y fue recuperada por sus trabajadores hace cuatro años.
La textil recuperada Acetato Argentino, que emplea a 80 personas en
Quilmes, enfrenta una caída de las ventas del 60 por ciento, a raíz de la
depresión del mercado interno y la apertura de importaciones, que llevaron a
las marcas a dejar de comprarle. En consecuencia, su consumo eléctrico bajó de
117.840 kw en abril de 2015 a sólo 46.560 kw en abril de este año. Sin embargo,
la factura eléctrica de Edesur le subió de 33.619 a 110.522 pesos.
“Las tarifas son parte de un problema mayor. Hay caída de la actividad,
suba de la tasa de interés, incremento de precio de materia prima y servicios.
El panorama es mucho más complejo”, explicó a Página/12 José Abelli, referente
del movimiento de empresas recuperadas, actual integrante de Autogestión,
Cooperativismo y Trabajo (Actra). Mencionó el ejemplo de la recuperada
Cristalería Vitrofin, que tiene 90 trabajadores y está ubicada en Cañada de
Gómez, provincia de Santa Fe. Su principal insumo es el gas, que incide en el
38 por ciento de sus costos, porque utilizan hornos a altísima temperatura. La
producción les bajó más del 35 por ciento mientras que la boleta de gas les
subió de 70 mil a 280 mil pesos. “La perspectiva es el cierre. No se puede
trasladar de ninguna manera a precios ese aumento de costos. Encima está
entrando cristal de Checoslovaquia y de Rusia a precio de dumping”, detalló Abelli.
También mencionó el caso de la fábrica de pastas frescas y tapas de empanada
Mil Hojas, que emplea a 90 trabajadores. “El kilo de harina les subió de 2,20 a
3,90 pesos, la producción les cayó un 35 por ciento y la factura de luz subió
de 50 mil a 150 mil pesos”. Abelli citó además la situación de Pauny y la de la
recuperada La Cabaña, una fábrica de manteca y crema con 46 trabajadores en
Rosario, cuyo alquiler les subió de 90 mil a 170 mil pesos y la factura de luz,
de 40 mil a 120 mil pesos”. “Son empresas que no reciben ningún tipo de
subsidio estatal y que están totalmente en poder de sus trabajadores”, agregó
Abelli.
También está el caso de la Cooperativa Textiles Pigüé, fábrica
recuperada por los trabajadores de la ex Gatic, que pasó de pagar 29 mil pesos
por mes a Camuzzi Gas Pampeana a 202 mil pesos, un aumento de 600 por ciento.
Tienen 150 asociados directos y también empleos indirectos vinculados. “Yo no
sé si esto es lo que vale el gas o no. El tema es que de un mes a otro el
aumento fue muy abrupto en un contexto económico malo, porque estamos
produciendo entre un 25 y un 30 por ciento menos de tela que en diciembre,
porque se enfrió totalmente la demanda”, explicó a este diario Marcos
Santicchia, presidente de la cooperativa.
La cooperativa El Palmar, ubicada en Laferrere, fue recuperada en 2001 y
fabrica ladrillos huecos para la construcción. “En febrero empezamos a notar
una caída de las ventas del 30 por ciento junto a la fuerte suba de costos
porque nosotros usamos mucho gasoil, líquidos hidráulicos y aceites. En ese
contexto, el tarifazo nos puso en una situación casi insostenible. Pagábamos 40
mil pesos por mes, luego vino 350 mil y después 370 mil pesos. La situación es
desesperante porque eso implicó inmediatamente una fuerte caída del ingreso de
los asociados”, explicó el asociado Alberto Fernández a este diario.
La Fundidora La Matanza, empresa recuperada en 2002 que cuenta con 70
asociados, subió su gasto de luz de unos 25 mil a 80 mil pesos, mientras que el
gas aumentó de 30 mil a 130 mil pesos. “¿Cómo hacemos para aguantar? Si tenés
laburo se puede solventar, pero si encima no hay trabajo es imposible”, dijo un
integrante de la cooperativa a este diario. Otro caso que tuvo difusión el del
frigorífico Bragado, recuperado en 2006. “En electricidad pagábamos entre 28 y
30 mil pesos mensuales y ahora está viniendo 70 mil. De agua pagábamos entre 18
y 19 mil mensuales y se va a ir a 50 mil pesos. Se nos está poniendo
imposible”, explicó Carlos Alietti, presidente de la Cooperativa.
Fuente: Página 12
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