Una asociación
internacional para asesinar
Entre los que recibieron penas más altas están
Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone y el uruguayo Manuel Cordero. Fue la
primera vez que un tribunal juzgó el acuerdo para reprimir además de los
secuestros y las desapariciones.
“Es la primera vez que la justicia de un país americano declara que ese
Plan de las dictaduras de los países del Cono Sur fue una asociación ilícita
para cometer delitos, y las privaciones ilegales e imposición de tormentos
fueron considerados dentro de esa asociación”, dijo el presidente del Cels,
Horacio Verbitsky.
En esa misma línea se expresó el fiscal Pablo Ouviña al destacar el
fallo de los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo
Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico como juez sustituto. Ouviña señaló que
es la primera vez que la justicia define al Operativo como una asociación para
el crimen, “en un proceso destacable por su respeto las garantías, al derecho a
las defensas, el derecho de los testigos y las reglas del procedimiento”.
El fallo comenzó a leerse a las cinco de la tarde. Desde temprano,
buscaron espacio en la sala los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo.
Estuvieron Vera Jarach, Laura Conte, Taty Almeida y Nora Cortiñas. También Lita
Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Y
logró llegar la abuela Elsa Pavón con la fatiga de los años en el cuerpo
mientras su nieta Paula Logares completaba trámites de acreditación. La cara de
Macarena Gelman apareció una y otra vez retransmitida por la pantalla que
amplificó imágenes en la sala. Estuvo el fiscal Miguel Angel Osorio, uno de los
primeros empeñados en ordenar lo que al comienzo eran vestigios de una
investigación imposible. Los nombres fueron más porque todos estaban ahí.
Horacio Pietragalla, ahora secretario de derechos humanos de Santa Cruz.
Carolina Varsky, de la Procuración. Quienes llegaron del exterior, como
Federico Jorge Tatte, hijo de un ex marino y dirigente comunista de Paraguay
desaparecido en Argentina que integra la Comisión por la Verdad y la Justicia
de Paraguay.
Este juicio oral que empezó hace tres años y tres meses, estuvo por
caerse cuando murió el dictador Jorge Rafael Videla, uno de los principales
imputados de los 32 con el que se elevó esta causa y ayer concluyó con 17
acusados, porque unos murieron y otros fueron separados del juicio por razones
de salud. Edgardo Binstock fue parte de la querella por la desaparición de su
compañera Mónica Pinus, secuestrada en marzo de 1980 en Brasil. Y ese era uno
de los casos que llegaba a Juicio con Videla como único imputado. “Pensar que
se caía cuando esto empezó. Pero no pasó. Esto es un caso penal pero al mismo
tiempo un caso político, porque lo que unifica las causas es que tuvieron en
común una operación y un acuerdo de las dictaduras y del Departamento de Estado
de Estados Unidos para poder operar. Hoy llega esto en un contexto difícil para
las democracias latinoamericanas: si bien no tiene la misma característica
represiva, somos sujetos de una nueva ofensiva neoliberal y conservadora sobre
nuestros países”.
Mientras Binstock recordaba el Cóndor II del que habla Rafael Correa, el
único acusado presente en el sala se abrió camino en la planta baja. El
tribunal decidió darles la opción a los acusados de no participar en la
audiencia final. No estuvieron ni en la sala ni en las trasmisiones vía
internet que suelen conectarlos en los lugares de detención. En una larga fila
de sillas vacías estuvo el único acusado que asistió: Miguel Angel Furci, que
tenía pedidos de condenas por las dos causas que se debatieron en el juicio:
Cóndor y un segundo tramo de Automotores Orletti, el centro clandestino donde
fueron llevados la mayoría de los prisioneros extranjeros. Furci fue condenado
como autor de 67 privaciones ilegales de la libertad y por 62 hechos de
tormento, a 25 años de prisión y, como el resto, a una inhabilitación para
ejercer cargos públicos por el doble del período. Sus dos ojos protegidos por
anteojos no perdieron vista del juez ni siquiera en ese momento. Cuando le cayó
encima la sentencia no parpadeó siquiera, sin darse cuenta que las cámaras iban
y venían al mismo tiempo mirando la cara de Macarena Gelman, nieta del poeta
Juan Gelman, hija de Claudia y Marcelo, hoy diputada en Uruguay. “Las condenas
son para mi satisfactorias -dijo ella-, y tienen además la particularidad de
que incluye al primer uruguayo condenado por el caso de mi mamá, lo cual me
hace pensar en Uruguay. Sentir que se cierra un capítulo es difícil de decirlo
o sentirlo por la fragmentación de las causas, pero había una expectativa muy
concreta que era sentencia a Cordero”.
La sala no aplaudió ni cantó hasta que el juez Amirante leyó el último
punto de la sentencia, que indicó informar a la embajada uruguaya sobre la
nueva situación judicial del imputado de ese país. Entonces la sala vivó a los
30 mil desaparecidos.
A Andrés Habegger le salió en ese momento un atragantado “¡Y que se
pudran en la cárcel, asesinos!” “Empezamos –dijo– con la querella en 2004, todo
esto no tenía forma, la desaparición hace eso, la falta de verdad. Y con esto
es como que reencontrás las formas. Y darle la forma y que lo haga el Estado es
reparador y un proceso que tardo tanto tiempo es también una alegría, y eso
pude decirlo acá, y no en la cancha, ni en un bar, ni en la Plaza. Fuimos
querellantes con mi mamá (por su padre Norberto). Dimos testimonios. Y mi
sensación es que al hacerse Justicia esto entra en los libros de historia
porque el Estado hace eso: que la historia sea una y no otra”.
La periodista Stella Calloni, acosada por las cámaras de televisión
extranjeras, repetía una y otra vez por qué el Cóndor fue una “Operación”.
Habló de “tácticas” y “estrategias” y del avance de una operación
contrainsurgente contra los dirigentes de la región, razón por la cual “esto se
pudo conocer desde temprano porque esas víctimas eran nombres tan conocidos que
nadie podía soslayar”.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en agosto. Los
acusados fueron condenados con penas significativas sobre todo por la cantidad
de hechos que tienen adjudicados. Hubo tres condenas a 25 años de prisión:
Riveros, Cordero y Furci. Hubo 2 a 20 años: Bignone y el general Rodolfo Emilio
Feroglio. Una a 18 años de prisión para el coronel Humberto José Román Lobaiza.
También 4 a 13 años, entre los que estuvo el vicealmirante Antonio Vañek,
segundo en la estructura de la Armada. El TOF condenó a otros 5 imputados a 12
años de prisión. Y al general Federico Antonio Minicucci a ocho años. Hubo dos
absoluciones.
Salvo Riveros y Furci, el resto de los acusados obtuvo sentencias en
general por uno a cuatro hechos. Una de las explicaciones es que si bien la
causa Cóndor tuvo a un número de 109 víctimas en juicio, un universo importante
tenía como único imputado a Videla. Con su muerte, esos crímenes salieron de la
causa. Pero los casos y sus historias continuaron en juicio, como Binstock,
porque querellas y fiscalía solicitaron continuar por el derecho a la Verdad y
porque cada hecho permitía probar no sólo una imputación sino la asociación
criminal. Como los nombres de cada una de esas víctimas, sin embargo, no
aparecieron en la lectura del fallo, ahora se aguardan los fundamentos para
saber si este pedido fue considerado por el tribunal. El Cels adelantó que si
no fue así pedirá en Casación una revisión de la sentencia. “Reclamamos en esos
casos que no se pudo llegar a la condenar porque el responsable ha muerto, que
exista una constancia de que fueron víctimas del Cóndor en función del derecho
a la verdad”, explicaron.
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