Fuertes críticas al Gobierno ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En una audiencia que se realizó en Estados Unidos, varias asociaciones
civiles denunciaron el "desguace" de la ley de medios, derogada por
Mauricio Macri mediante un decreto en diciembre pasado. Los funcionarios
macristas no respondieron los cuestionamientos.
De la Redacción de Diario Registrado / Sábado 9 de abril de 2016 | 08:37
Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y
autoridades del gobierno argentino participaron ayer de una audiencia convocada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y titulada
"Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de
comunicación audiovisual en Argentina".
El encuentro se dio por consecuencia de las cambios que ejecutó
por decreto el presidente Mauricio Macri para modificar la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual a poco de haber asumido el cargo. Por este motivo,
distintos organismos llevaron su reclamo a la Comisión Interamericana para
denunciar un "desguace".
La representación de la sociedad civil fue encabezada por el presidente
del CELS, Horacio Verbitsky, a quien acompañaron Martín Becerra (Universidad
Nacional de Quilmes), Damián Loreti (CELS), Néstor Busso (Farco), Daniel
Badenes (Redcom) y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús.
Por el Gobierno asistieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones
(Enacom), Miguel de Godoy; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de
la provincia de Buenos Aires; Eduardo Bertoni; el embajador ante la
Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del Enacom,
Silvana Giúdici.
"Se ha suprimido la voz, el voto y la participación de la sociedad
civil", consideró Verbitsky al referirse a los cambios. Sin embargo, en
nombre del Ejecutivo, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural,
Claudio Avruj, dijo que los decretos de Macri cierran la "etapa de
discrecionalidad".
Desde el CELS exigieron que el gobierno de Macri que “repare los
aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados” por los decretos que
anularon parte de la normativa y “garantice la transparencia, participación
plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al
derecho a la comunicación”.
Por su parte, los representantes del Gobierno, sin responder a los
cuestionamientos que se le formularon, se apoyaron en el argumento de que los
decretos dictados por el Ejecutivo y refrendados esta semana por la Cámara de
Diputados fueron realizados “en pleno cumplimiento de las facultades
constitucionales otorgadas al Presidente”.
Según detalla este sábado Página 12, en una de las intervenciones más
extensas, Damián Loreti advirtió sobre los “graves impactos” en materia de
libertad de expresión en la Argentina que se generan a partir de las medidas
recientes adoptadas por el Gobierno, que producen, entre otras consecuencias,
“la afectación de la autarquía legal de los organismos encargados de la
aplicación de leyes se servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones”.
El abogado especializado en el tema y doctor en Comunicación hizo también
apreciaciones legales respecto de la necesidad de establecer límites al proceso
de concentración de la propiedad y para que se garantice “la diversidad de
medios para la democracia”, observando que es altamente contrario a ello el
régimen de renovación automática de las concesiones a los licenciatarios. Para
Loreti, la libertad de expresión se apoya en “pluralidad de voces (medidas
antimonopólicas); diversidad de las voces (medidas de inclusión social), y no
discriminación (acceso en condiciones de igualdad a los procesos de asignación
de frecuencias)”.
Martín Becerra sostuvo que no se solicitó la audiencia para analizar las
intenciones del Gobierno respecto de la “convergencia” ni para evaluar el
“desempeño de gobiernos anteriores”, sino para “examinar los efectos regresivos
de la política dispuesta por el actual gobierno” que “agrava el problema de la
concentración” de la propiedad de medios, y “gubernamentaliza” la “aplicación
de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la
discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder
Ejecutivo”.
Miguel de Godoy, hablando en nombre del Gobierno, sostuvo la disposición
oficial a dialogar con los ahora peticionantes y se comprometió a abrir
“instancias de diálogo porque eso es lo que más nos interesa”, dado que “cuando
uno dialoga con todos, la solución siempre puede ser buena”.
La audiencia en Washington sirvió para terminar de configurar el escenario
del debate de la comunicación en el país, discusión que habrá de prolongarse
también en los escenarios internacionales.
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