POLICÍAS AMOTINADOS FIRMARON HOY ACUERDO CON GOBIERNO

Claros signos de golpismo contra Evo Morales en Bolivia
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Sobre llovido, mojado. Al veloz golpe en Paraguay pareció sumarse un
movimiento similar contra Evo Morales en Bolivia. En su forma fue
parecido al golpe en Ecuador, en 2010. Por ahora se desactivó.
EMILIO MARÍN

El presidente boliviano es un experto político en sortear maniobras
golpistas de la derecha política y empresarial de su país. La mayoría
de los medios de comunicación fue instrumento para diversas campañas
con un lenguaje discriminatorio contra el primer presidente indígena.
No sólo fueron insultos y oposición política a que el proceso
boliviano pudiera cambiar la constitución a favor de otra moderna y
favorable a una Bolivia pluricultural y pluriétnica. También hubo
movimientos violentos de separatismo de los estados de la “Medialuna”,
especialmente Santa Cruz de la Sierra. Sus poderosos propietarios,
sojeros y exportadores imitaron las maniobras destituyentes de sus
colegas de la Mesa de Enlace en contra de Cristina Fernández de
Kirchner.

Además hubo matanzas de decenas de seguidores de Morales en el
Departamento de Pando, promediando 2008. El golpismo llegaba a su
punto de máxima ebullición.
Y como no hay mal que por bien no venga, esa masacre movilizó a la
población boliviana en apoyo a la democracia, y a los presidentes de
la región, que le dieron forma a la UNASUR y respaldaron a Evo.
Con esos antecedentes a cuestas, era lógico que el mandatario del
Palacio Quemado de la Paz estuviera atento a los movimientos
sediciosos, luego que en Paraguay fuera depuesto en tiempo récord su
colega Fernando Lugo.
Ese golpe “institucional” sorprendió a Evo en la “Cumbre Río más 20”
que se celebraba en Río de Janeiro. Y desde el primer momento, como la
totalidad de los presidentes latinoamericanos y caribeños, aquél
condenó a los ejecutores de ese putsch y denunció sus objetivos
antipopulares.
“Lugo estaba acabando con las logias, con los terratenientes y grupos
de poder y eso siempre tiene un costo”, declaró el boliviano desde
Río, el 22 de junio. Ante Prensa Latina (22/6) precisó que “detrás de
tal acción política se mueve la mano de los neoliberales internos y
externos”.
De inmediato emprendió el regreso a Bolivia, donde un día antes había
comenzado una escalada de acciones con olor a golpe.  Un grupo de
treinta policías con sus rostros encapuchados y parte de sus mujeres
tomaron por asalto la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.
Formalmente reclamaban nivelar su salario con el de los militares y
derogar la Ley 101 de Régimen Disciplinario, a su juicio demasiado
severo aunque sabían que una institución policial no puede ser tan
laxa como un club de barrio.
Varios ministros alertaron con que se estaba frente a una maniobra con
connotaciones golpistas, caso de la ministra de Comunicaciones, Amanda
Dávila. Morales, desde la localidad de Corocoro, al sur del
departamento de La Paz, puntualizó que había en marcha un golpe de
Estado. El plan tomaría de excusa el motín policial para enfrentar a
esos efectivos con los militares, atacar el Palacio de Gobierno y
asesinar el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Lo peor se une contra Evo
El gobierno boliviano concedió algunas reivindicaciones de los
amotinados, aumentó sus haberes y se plasmó tal acuerdo en un acta de
8 puntos, firmadas por las partes en la madrugada del domingo 24.
Sin embargo algunos de los firmantes, sobre todo por Guadalupe
Cárdenas, de la Federación Nacional de Esposas de Policías, salieron a
denunciar que había sido presionada por la delegación gubernamental y
amenazada para que suscribiera el compromiso. Pareció una puesta en
escena para justificar la continuidad de la toma policial, que se
extendió a unidades policiales de Cochabamba, en el centro, y en Santa
Cruz de la Sierra, el este.
En rigor aquel compromiso había sido firmado y presentado ante la
prensa boliviana, con bombos y platillos. Nadie parecía haber sido
extorsionado para firmar y en todo caso no lo denunció allí, que era
el momento clave. Como luce en tantos negocios y bancos, un cartelito
reza: “al retirarse de mostrador no se aceptarán reclamos”.
En materia salarial, el presidente aymara puntualizó ante la agencia
ABI que vino aumentando los ingresos de los policías por sobre la
inflación. “Nosotros en el 2006 dimos un incremento de 3%, después que
nacionalizamos los hidrocarburos mejoró la económica nacional y el
2007 era 4%; el 2008 era del 7%; el 2009 era de 12%; y en 2010 del 9%
de incremento salarial”, detalló.
En 2011 volvió a subir el 9 por ciento y con los aumentos otorgados
para 2012, y ampliados tras el motín, la mejora sería apreciable.
Pretextando que esos retoques son poca cosa, los encapuchados de la
policía tomaron nuevas unidades policiales en La Paz, como el Tribunal
Disciplinario y de Inteligencia. Luego marcharon cerca del Palacio de
Gobierno disparando al aire y con explosivos dinamiteros, insultando a
mujeres que defendían a Evo en Plaza Murillo.
Tanto el ministro de Gobierno, Romero, como el vicepresidente Alvaro
García Linera, denunciaron que políticos de la oposición conservadora,
del Movimiento Sin Miedo y de Unidad Nacional (del ex candidato
presidencial, el empresario cementero  Samuel Doria Molina) habían
sido vistos en las reuniones de los policías amotinados. También
dijeron que allí se habían movido armas para esos efectivos.
Esos señalamientos pueden o no haber sido magnificados por el
oficialista MAS, Movimiento al Socialismo. Lo cierto es que las
agrupaciones opositoras, el MSM, UN, etc., no hicieron la menor
crítica al putsch policial pese a que duró desde el 21 de junio hasta
la madrugada del 27, cuando se firmó otra acta de 10 puntos, que ojalá
sea la definitiva.

Movimiento de pinzas
Mientras el presidente debía enfrentar a esa fuerte pinza policíaca,
con amotinados armados, avanzaba hacia La Paz otra marcha de indígenas
que vienen desde Beni y Pando para impedir que se realice una consulta
popular sobre la llamada carretera de Tipnis (Territorio Indígena
Parque Nacional Isiboro Sécure). Hace tiempo hubo graves incidentes
porque fuerzas policiales reprimieron una marcha que, con apoyo de ONG
ambientalistas –algunas ligadas a la agencia norteamericana USAID- y
partidos de la oposición, caminaba hacia la capital con una cerrada
negativa a abrir esa carretera licitada por el gobierno a una empresa
brasileña.
En ese momento Morales suspendió la obra y anunció una ley para una
votación democrática: la mayoría popular debía expedirse sobre la
conveniencia o no de hacer ese camino. Muchas organizaciones indígenas
la cuestionan pero tantas más, que viven en varios departamentos,
consideran que esa vía es imprescindible para mejorar su vida,
comercio y comunicación.
Esta nueva edición de la novena marcha indígena originaria organizada
por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, se
produce en un clima enrarecido con aires golpistas. Podría servir para
que la figura presidencial sufra otra andanada de críticas.
Sin embargo, el motín policial y el arribo de la marcha mencionada
también sirvieron objetivamente para elevar la vigilancia de las
diversas organizaciones que defienden al presidente.
Uno de esos puntales es la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyo titular Roberto Coraite
manifestó que sus afiliados impedirán cualquier intento de golpe de
Estado. "Defenderemos con la vida el proceso de cambio y el gobierno
de Evo Morales", resaltó Coraite en un masivo acto realizado en La Paz
el  26 de junio.
Julia Ramos, directiva de la Confederación de Mujeres Campesinas,
informó que se creó un Estado Mayor entre varias agrupaciones sociales
“para una mejor coordinación en defensa del proceso democrático”.
Por su parte Pedro Calderón, jefe de la Confederación Sindical de
Comunidades Interculturales de Bolivia, llamó a los trabajadores del
campo y la ciudad a la defensa del proceso de cambio.
Miguel Pérez, directivo sindical minero, repudió las maniobras
golpistas y defendió a Morales. Su colega José Domingo Vásquez, de a
Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, ratificó
que sus afiliados petroleros “están firmes y en emergencia nacional
ante los atropellos a la democracia”.
De ese profundo contenido democrático y antigolpista son los
pronunciamientos de muchos otros gremios, de la Asamblea de Derechos
Humanos de La Paz dirigida por Teresa Zubieta, del MAS y el PC
boliviano, y de nuevos medios de comunicación surgidos en defensa de
la institucionalidad.
Esta parece ser la principal diferencia con el caso de Paraguay: en
Bolivia hay un gobierno y un presidente que no se quedaron a mitad de
camino. Aún con errores, lucharon a brazo partido por nacionalizar los
hidrocarburos y segmentos claves de la economía, dar tierras a los
campesinos, redistribuir el ingreso y tomar medidas concretas a favor
de la gente más humilde.
Los riesgos de golpe oligárquico –como se vio- también existen en La
Paz, pero las posibilidades de resistirlo y vencerlo son bastante
mayores que en Asunción.
 
Sergio Ortiz
face: Sergio Ortiz
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