domingo, 10 de junio de 2012

EL MORENO Y UNA NUEVA TECNOLOGÍA




La reciente expropiación de la mayoría accionaria de YPF constituye solo un paso diferente dentro de la política energética que se venía aplicando en el país. Pero ese paso, tomado por la imperiosa necesidad de paliar la situación del abastecimiento de hidrocarburos y del déficit de la balanza comercial del sector energético, abriría una gran oportunidad si se afianzara un cambio persistente de rumbo en la dirección de lograr una genuina soberanía energética.          
Si para partidos y grupos políticos y una mayoría de los ciudadanos que han apoyado la medida, quizás la motivación principal de su aprobación haya sido el sentimiento de pertenencia y orgullo que inspira todavía la historia de la YPF estatal, a muchos también los alienta, con reservas, la convicción de que el Gobierno nacional ha comprendido la gravedad de la situación y modificará de raíz la orientación de su política energética. Eso parece señalar la letra de la Ley 26741, que declara de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y el desarrollo de todas las etapas de su transformación y aprovechamiento.

 

El MORENO ha venido señalando durante años que las políticas del gobierno y el desempeño de prácticamente todas las empresas del sector hidrocarburífero nos conducirían a una situación crítica. Aquí estamos: por ahora solo se ha tomado el control de YPF S.A., puesto en marcha la renovación de sus cuerpos directivos y  comenzado gestiones con otras megaempresas que extraen en el país, para impulsar mayor producción y exploración de hidrocarburos. No es poco en poco tiempo. ¿Estamos entonces a las puertas de una “nueva energía” en Argentina? No, si el gobierno no asume decididamente un control efectivo del sector energético, lo reestructura integralmente, consolida un marco legal claro, y modifica orientaciones y métodos en las relaciones con las empresas privadas.
En otras palabras, deben terminarse las prácticas neoliberales, anulando las concesiones que permiten que las empresas  gocen ilegalmente de libre disponibilidad de los hidrocarburos y de la renta que genera su exportación. Los decretos N°1055,1212 y 1589 del año 1989 que concedieron esas ventajas, violan en diversos aspectos el espíritu de la Ley de Hidrocarburos (Ley 17319); aunque en los últimos años se han adoptado normas que limitan sus efectos, no anulan su vigencia. La experiencia mundial indica que casi en ningún país, especialmente en aquellos en los cuales las reservas de hidrocarburos están en poder de los Estados y tienen una empresa estatal con fuerte presencia en el sector, se otorgan concesiones. En casi todos los casos es el Estado nacional, el que decide sobre las grandes líneas en los ritmos de explotación y el destino del hidrocarburo.
En nuestro país se impone a partir de hoy realizar auditorías serias sobre el desempeño de las empresas concesionarias y sobre el estado real de las reservas hidrocarburíferas, anulando los contratos en cuyo cumplimiento se hayan cometido violaciones significativas, como las prórrogas anticipadas y la acumulación de áreas, por ejemplo. Particularmente, habrá que anular las concesiones de exploración y explotación off-shore otorgadas por ENARSA -sin control legítimo alguno- a través de uniones transitorias con diversas empresas, con contratos cuyas características y resultados no se han hecho públicos. Las áreas liberadas quedarán bajo administración estatal y, ante la necesidad de sostener y aumentar rápidamente la extracción de gas y petróleo, se deberán reactivar las áreas recuperadas y adjudicar otras nuevas. Se transformarán las actuales concesiones de explotación de la Ley N° 17319 en contratos de participación, en los que el socio privado corre los riesgos en la exploración, o en contratos de prestación de obras y servicios, aún con la YPF S.A., la que revisará regularmente su cumplimiento y administrará los hidrocarburos extraídos. A este respecto, no resulta tranquilizador que el artículo 17 -en el capítulo titulado “De la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina” de la ley 26741- señale que YPF S.A. “acudirá (…) a todo tipo de acuerdos con otras empresas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras” (el subrayado es nuestro).
Para encarar y sostener un cambio como el propuesto en el rumbo y métodos de la gestión frente a los intereses económicos de los sectores privados, se requiere contar con el apoyo amplio de los ciudadanos y avanzar en la consolidación de un marco legal claro y estable. El Estado nacional, con la colaboración de todas las provincias, debe actuar con transparencia y coherencia. Para garantizarlo sería conveniente que, en el ámbito del Congreso Nacional, se constituyera una comisión de seguimiento del proceso de transformación del sector, que dé visibilidad a lo actuado. La exclusión en la ley de la intervención de la Auditoría General de la Nación muestra que se persiste en el argumento de que los controles afectan negativamente el accionar empresario, hecho que la experiencia mundial desmiente.
Aunque el poder político estatal tenga legitimidad -si cuenta con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas y del conjunto del país- no se podrá ejercer una gestión sólida del sector hidrocarburífero sin una conducción técnica altamente capacitada y comprometida con los objetivos políticos. Ese es el papel que le corresponde a una empresa estatal. No es una empresa más, ni sólo la más grande. Es una Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Sociedad del Estado (YPF S.E.) de propiedad exclusiva del Estado nacional y de todas las provincias, y sometida a los controles que corresponden a toda empresa estatal (similares técnicamente a los aplicados en las sociedades privadas)  la que debe conducir el reordenamiento del “upstream”, el sector de exploración y explotación del petróleo y el gas. Y para eso debe contar con una gran capacidad  profesional propia -tal como la tuvo en el pasado- y con el aporte de los organismos científicos y técnicos estatales.  Hacia esa YPF S.E. deberían apuntar rápidamente los próximos pasos de la nueva conducción de YPF S.A., para avanzar hacia la “Soberanía Hidrocarburífera” que la Ley 26741 proclama buscar. Lamentablemente, en su artículo 15 la ley reafirma la condición de sociedad anónima de la empresa.
Es innegable que en nuestro país el abastecimiento de hidrocarburos es determinante en la disponibilidad de energía, y si bien la actual YPF S.A. sólo representa un 30% de la extracción de petróleo y una proporción aun menor en gas, su peso en el sector refinación, y en la producción y comercialización de derivados del petróleo y el gas, hace que la intervención de la empresa, y su posterior  reestructuración, impacte en toda la industria energética. Por eso además de imperioso es oportuno que, a la par que se avance con la YPF estatal aumentando la extracción de gas y petróleo, se adopten medidas para reformular el funcionamiento del resto del sector energético.
En el corto y mediano plazo los problemas principales del sector energético que nos aquejan son conocidos: el déficit en la capacidad de refinación, la comercialización de los combustibles líquidos -que ha llevado a una situación crítica a trabajadores y empresas de estaciones de servicio y a la anarquía en los precios al consumidor en el ámbito de todo el país- la comercialización de la garrafa de gas licuado de petróleo, la estructura de los mercados mayoristas y las tarifas del gas y la energía eléctrica, la expansión y el mantenimiento de las redes de distribución.
Para encarar el futuro mediato y de largo plazo sería un buen paso constituir un organismo consultivo federal amplio -con participación de todas las provincias, los trabajadores y los usuarios- y jerarquizar, técnica y administrativamente, la Secretaría de Energía.
Si pretendemos “…garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones…” (art 1 de la ley) debemos alcanzar una verdadera “soberanía energética”, que haga posible la vigencia del derecho de todos los argentinos a acceder a la energía en cantidad y calidad suficientes para gozar de una vida plena, y el desarrollo del  sector energético respetando el medio ambiente y favoreciendo el uso creciente de las fuentes renovables y no convencionales,
Sólo la acción predominante y decidida del Estado nos puede poner en ese camino. Los gobiernos actuales nos deben demostrar que son capaces de desarrollar una “nueva energía”. A quienes luchamos por la recuperación de los recursos naturales en beneficio del pueblo, nos corresponde desarrollar al  máximo nuestra energía para peticionar, exigir y contribuir al cumplimiento de esa meta.
Buenos Aires, 15 de mayo de 2012 

 HUGO PALAMIDESSI              GUSTAVO CALLEJA                   JOSE RIGANE
   Vicepresidente                          Vicepresidente                              Presidente
  (011)155 139 6800                      (0221) 154 284 815                    (0223) 155 331 970
Gentileza de Jorge A. Allievi

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