Qué implica democratizar la justicia

(Agencia Paco Urondo)

Sábado 15 de Diciembre de 2012 06:02

El fallo del caso Marita Verón recalentó el debate público sobre el rol del poder judicial. Antes, se había cuestionado su permeabilidad ante una corporación económica en la causa que involucra al Grupo Clarín.  En este dossier, Pablo Parenti, Leticia Barrera, Alberto Bovino, Carlos Zaidman y Joaquín Túnez describen de qué se habla cuando se exige “democratizar la justicia”.

Análisis: El refugio de los conservadores

Por Enrique de la Calle I El fallo de un tribunal tucumano sobre la causa que investigó el secuestro de Marita Verón generó el repudio generalizado de la sociedad. Los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera y Eduardo Romero decidieron la absolución de 13 personas. Durante semanas un centenar de testigos pasó por los estrados. Muchas chicas obligadas a prostituirse contaron que vieron a Marita y señalaron a los acusados. Los magistrados no les creyeron. La madre de la joven, Susana Trimarco, habló de coimas y pidió “terminar con la corrupción de los jueces”.

Al otro día, todos los medios (provinciales y nacionales) se refirieron al caso, que nombraron como “escandaloso”. Hubieron marchas en diferentes puntos del país: en Capital una terminó con incidentes frente a la Casa de Tucumán; otra fue hasta Tribunales. Más temprano la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, repudió el fallo y pidió por “la democratización de la justicia”. Los medios opositores, que hasta el día anterior defendían a ese poder como el bastión principal de la República, ahora hicieron silencio.

Por su parte, desde el conjunto de fuerzas sociales que integran el kirchnerismo se venía señalando el conservadurismo de ese ámbito desde mucho tiempo antes. Más recientemente, para señalar su permeabilidad al lobby de las corporaciones económicas en relación de la ley de Medios. La legislación se sancionó en 2009 y sus artículos antimonopólicos están suspendidos por el accionar del Grupo Clarín, el principal multimedios de América Latina. La norma fue celebrada por organizaciones vinculadas con la comunicación, especialistas, el relator de ONU para la libertad de expresión, Frank La Rue, entre otros.

Ayer, el juez de primera instancia Horacio Alfonso determinó “la constitucionalidad” de los artículos 45 y 161. Ahora habrá apelación ante la Cámara que está integrada por Francisco de las Carreras, quien viajó a Miami financiado por Clarín. Para el magistrado, que una parte le haya pagado un viaje de placer no significa ningún impedimento para impartir justicia. Todo indica que la causa será definida por la Corte Suprema en los próximos meses. De cualquier modo, el multimedios ganó tiempo a favor de sus intereses (concentrados). Y para ello contó con un sistema judicial permeable a sus planteos.

Una Justicia injusta                            

Las críticas al sistema judicial tienen una historia en el país que excede largamente el debate suscitado a partir de la ley de medios o el vergonzoso fallo del Tribunal tucumano. Fueron sustentadas por el trabajo de académicos, organizaciones interesadas y diversos sectores que reclaman por la conformación de un poder con mayor control popular y menos empatía con los intereses de las minorías.

La agenda de demandas es variada y de resolución compleja. El poder judicial se caracteriza por prácticas, lenguajes, procedimientos y privilegios que no son comunes a otros poderes del Estado. La renovación pos-dictadura que se extendió a buena parte de la sociedad argentina no afectó a un sistema que mantiene muchos cuadros formados en el contexto militar. Y que explica, en parte, los obstáculos en las causas contra los genocidas.  

Del mismo modo, los tribunales cuentan con métodos autoregulatorios moderados. Es sabido que los togados no son proclives a controlar/sancionar a sus colegas. En general, la lógica imperante es la contraria, una en la que prima el espíritu corporativo, como lo demostró un comunicado de diferentes asociaciones de jueces y abogados difundido hace semanas en el marco del debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Así las cosas, las principales víctimas son los pobres que en diferentes escenarios sufren las acciones de los magistrados. Pueden dar fe los centenares de miles de jóvenes de escasos recursos que sufren prisión sin condena. Son mayoría entre la población carcelaria. También pueden comprobarlo, por caso, las familias desalojadas “con orden judicial” en las grandes ciudades o en las provincias sojeras. Revertir esa lógica, es una de las tantas tareas pendientes del actual momento histórico.   

Esta semana CFK habló de “la democratización del poder judicial”, viejo tópico en diferentes ámbitos que ahora vuelve al primer plano de la discusión pública. Comprender qué implica tal democratización es el primer paso para poder avanzar sobre una cuestión tan trascendental como urgente.